Mes: marzo 2017

Lo que mal empieza mal acaba

Refrán que nos recuerda la historia de la gestión administrativa que llevó a la implantación de un colegio privado en Valdemorillo.

Es evidente que este análisis no da solución al problema que se ha generado pero desde luego conocer su génesis puede ayudar a darle solución.

Desde el año 1987, el suelo que había entre lo que hoy es Simply y la carretera de Cerro estaba clasificado como suelo urbano industrial.

En el año 2006 se comienzan los trámites de modificación puntual de las Normas Subsidiarias para cambiar la calificación de ese suelo y pasarle a suelo urbano residencial. La zanahoria que se pone delante es que con ello se obtendría un suelo necesario para las redes públicas. En otras palabras, se obtendría suelo de titularidad pública para implantar un colegio público. En base a esta necesidad la Comunidad de Madrid aprueba de forma definitiva la modificación puntual que publica en el Boletín Oficial del 10.12.2008

Como subproducto que nadie valora, posiblemente porque lo desconoce, es que con esta aprobación se traslada la edificabilidad industrial que era de 11.867 m2 a edificabilidad residencial, resultado ésta en 13.018 m2. En esta edificabilidad se aprueban construir 168 viviendas en 9.271 M2 de suelo residencial, lo que supone la mayor densidad de viviendas del municipio 181/Ha Cada cual que haga sus cuentas y saque sus propias conclusiones.

Por otro lado el Ayuntamiento obtendría el derecho del 10 % de ese aprovechamiento lo que se valoró en 480.809,68 € que el Ayuntamiento vendió, en fraude de ley, al mismo propietario por lo que pagó el 75 % de ese valor, 360.607,26 €, importe que no se sabe a qué se ha dedicado.

Hasta aquí, aun con las graves irregularidades urbanísticas que ello significa, lo racional, lo honrado, hubiera sido poner ese suelo educativo generado a disposición de la Consejería de Educación para que en él desarrollara la infraestructura educativa para lo cual fue creado.

Pero no fue así. En su lugar, a finales del 2010, se inicia los trámites administrativos para la contratación de una concesión administrativa de un colegio privado. No hay ningún remordimiento en cambiar los principios y así lo que iba a ser un espacio para la red pública de servicios termina siendo el espacio para una red privada de intereses económicos.

Con esta concesión el Ayuntamiento obtiene un bien de unos 5 M€ (entregado en concesión de 40 años, ampliable a 60) y un canon de 600.000 € a la firma del contrato, de 200.000 € el primer año, y en los sucesivos 11.000 € anuales revisables con el IPC. Sobre estos importes, según se dice en la auditoría, los 800.000 € están ingresados en las arcas del Ayuntamiento y contabilizados de forma irregular. El resto de importes anuales no se han ingresado.

Como ha sido muy habitual en Valdemorillo, al concurso público solo concurrió un licitador lo cual resulta sospechoso en cualquier contratación.

Se ha de añadir que esta contratación está avalada por un informe técnico-económico firmado el 10 de septiembre de 2010 por el eterno interventor accidental quien concluía que, “la concesión de construcción y gestión de obra es viable técnica y económicamente”. ¡Zapatero a tus zapatos! Que se lo pregunten a la empresa concesionaria.

Está claro que el objetivo principal, del entonces Gobierno Municipal del Partido Popular, no era la oferta educativa, la cual quedaba en un plano totalmente secundario al principal que era el económico para el propietario del terreno, Valinver 2005, S.L, (sociedad del grupo de AFAR4) y para el propio Ayuntamiento.

A pesar de todo lo manifestado debemos dejar constancia de que, tal y como se ha podido leer en los medios, el concesionario no ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento cuales son sus intenciones. Esperemos que el Gobierno municipal sepa gestionar el conflicto preservando, ante todo y sobre todo, los intereses generales.

En Valdemorillo, a 5 de marzo de 2017

La Junta Directiva